La decisión fue tomada ante un pedido de la presidenta, a través de su abgado, de que el máximo tribunal precise los límites de las investigaciones a los mandatarios y la posibilidad de que afecten la dignidad del cargo y el desempeño de sus funciones.

El fallo precisa que las investigaciones a Boluarte en marcha se reanuden tras el fin de su gestión presidencial.

Argumenta que la inmunidad presidencial “resulta restrictamente necesaria tomando en cuenta la naturaleza del cargo y la especial relevancia de su adecuado ejercicio en el marco del régimen político”.

El parlamento ha archivado ya investigaciones por casos de gravedad, como su posible responsabilidad en medio centenar de muertes en la represión a las protestas contra el ascenso de Boluarte a la Presidencia, por sucesión constitucional, en diciembre de 2022 y el posible delito de cohecho por la posesión de joyas de muy alto valor no declaradas.

El fallo del TC fue criticado por la expresidenta de la misma corte, Marianella Ledesma, que lo consideró un aval a las situaciones de corrupción, al bloquear las pesquisas necesarias para recoger evidencias y testimonios que se pueden perder con el tiempo.

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