En entrevista publicada por el oficial Diario de CentroAmérica, el diplomático, quien concluye su misión aquí desde 2020, precisó que la representación política de ese sector es casi nula, y la desnutrición infantil golpea especialmente a esa población.

A pesar de ser una nación con recursos y cifras macroeconómicas de ingreso medio, los niveles de pobreza son inadmisibles, expresó el funcionario, con experiencia en Bosnia y Herzegovina, República Dominicana, Etiopía y Emiratos Árabes Unidos.

“A ello se suma la falta de infraestructura moderna en carreteras, puertos y aeropuertos. Muchas obras públicas fueron afectadas por corrupción. Superar esa cultura será un reto enorme”, subrayó.

En cuanto al por qué de las sanciones del bloque comunitario a actores que buscan debilitar la democracia en la tierra del quetzal, comentó que un Ministerio Público debe ser neutral, no un actor político en contra del Gobierno. “No sancionamos naciones, sino individuos”, acotó.

En América Latina tenemos regímenes similares, pero Guatemala es único: solo aquí se ha sancionado a un fiscal general (Consuelo Porras) por actuar contra la democracia, amplió Peyker.

Preguntado por su diagnóstico sobre la justicia, consideró que gran parte está cooptada por intereses que conforman el pacto de corruptos.

Estos actores, ligados al crimen organizado, al lavado de dinero y a la corrupción, buscan controlarla para asegurar impunidad, remarcó.

Aunque lograron capturar parte del sistema judicial, perdieron el Ejecutivo. Eso los llevó a insistir en una narrativa de fraude electoral inexistente, describió el embajador de la UE en este territorio centroamericano.

Opinó además que en la lucha contra la corrupción falta una justicia independiente y profesional.

En lugar de perseguir a implicados en ese flagelo, el sistema protege a algunos y utiliza investigaciones dudosas contra otros, lo que ha provocado el exilio de varios jueces y fiscales, aseveró.

El diplomático calificó de decisivo el 2026, cuando se elegirán magistrados de la Corte Constitucional, el Tribunal Supremo Electoral y el nuevo fiscal general.

Un proceso de este tipo sin transparencia y sin candidatos idóneos podría significar un retroceso de 40 años para la democracia, incluso un retorno a tiempos oscuros previos a los Acuerdos de Paz, enfatizó.

La sociedad civil, a su juicio, debe involucrarse porque el control de ese proceso corresponde a los guatemaltecos.

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