En una declaración difundida por la Cancillería, el país ibérico deploró las medidas coercitivas contra dos magistrados y dos fiscales, al tiempo que denunció estas nuevas acciones contra la independencia de la CPI. Igualmente, recalcó su más firme apoyo a este alto tribunal, manifestó su solidaridad y espaldarazo a los jueces y fiscales afectados, y a todo el personal del alto tribunal internacional.

“La Corte Penal Internacional recibe su mandato de los 125 Estados miembros del Estatuto de Roma. Su labor es esencial para la rendición de cuentas frente a los crímenes más graves contra la humanidad y para la reparación de las víctimas”, apostilló.

Además, aprovechó la circunstancia para remarcar que España seguirá cumpliendo con sus obligaciones conforme al Estatuto de Roma y el derecho internacional, respetando y garantizando la plena jurisdicción de la Corte.

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