Son seis mil 308 hectáreas deforestadas, precisó el viceministro de Ambiente, José Rodrigo Rodas, en entrevista con el Diario de Centro América, a propósito de la negativa a prórroga por parte de las autoridades nacionales a la compañía anglo-francesa Perenco.

Ese balance (en el área protegida de Laguna del Tigre, municipio de San Andrés) implica daños ambientales, ecológicos, de flora y fauna, así como degradación de ecosistemas y mantos acuíferos, señaló el vicetitular.

Y no es solo la pérdida de bosque, añadió, sino que hay un área usurpada por diferentes poblaciones que propiciaron esta expansión agrícola y ganadera, describió el funcionario.

Solo el campamento Xan ocupa 150 hectáreas, hubo fragmentación ambiental, introducción de elementos que no corresponden al hábitat del lugar, pérdida de flora y fauna, subrayó Rodas en sus declaraciones al medio.

Encontramos una gran cantidad de pasivos ambientales, suelos posiblemente contaminados, aguas superficiales y subterráneas contaminadas, remarcó.

También, maquinaria, torres en mal estado que podrían significar algún tipo de peligro o contaminación, enfatizó.

Es un espacio donde debemos hacer mucho trabajo a lo largo de estos años, adelantó la autoridad, mientras mencionó como una de las primeras acciones cuantificar ese grado de deterioro, su ubicación y, derivado de eso, las actividades de remediación a implementar.

Refirió el manejo de residuos sólidos peligrosos como recipientes y materiales impregnados o con remanentes de petróleo, compuestos químicos de la refinación, lubricantes, lámparas, baterías, filtros usados, entre otros.

El Ejecutivo de este país, a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM), firmó el Contrato de Operaciones Petroleras de Explotación 2-85 el 5 de agosto de 1985 con las empresas Hispanoil y Basis Petroleum International Limited (Basic Resources).

Un año después, la primera se retiró y quedó sola la segunda operando hasta el 2001, cuando la compañía Perenco tomó el acuerdo e inició la extracción del producto.

Sobrevino una modificación en 2010 y la búsqueda por la administración de Alejandro Giammattei (2020-2024) de modificar la Ley de Hidrocarburos, decreto 109-83, para crear una figura que permitiera a esta y otras seguir laborando.

Sin embargo, la gestión del presidente Bernardo Arévalo cerró la posibilidad de ampliar el contrato 2-85 en el campo Xan, que venció el pasado 12 de agosto y que la normativa actual impedía prorrogar.

El MEM busca ahora garantizar la seguridad de las personas, comunidades vecinas, el medio ambiente y los bienes, equipo e infraestructura y las propias operaciones del rubro.

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