Este jueves el Movimiento para la Defensa de la Clase Trabajadora (MDT) presentará una tercera petición de inconstitucionalidad contra el paquete de reformas constitucionales, aprobado en el Legislativo, y que opositores indican que debió consultarse con la población.

La información fue divulgada por Patricio Pineda, miembro de la Mesa por una Pensión Digna, quien acompañó la víspera una apelación contra la reelección indefinida hecha por el Movimiento de Izquierda Salvadoreño (MIS).

Esa iniciativa se sumó a otra que interpuso la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, en la línea de exponerle a la Sala de lo Constitucional los artículos violentados con el paquete de reformas aprobado.

Según Walter Raudales, quien preside el MIS, con estas apelaciones ponen a prueba el sistema judicial, ya que esperan que la Sala de lo Constitucional haga un estudio profundo de los argumentos.

«Esta es una demanda de inconstitucionalidad con argumentos constitucionales, con la idea que se sume a la demanda inicial que presentó la diputada Claudia Ortiz, en la línea de exponerle a la Sala de lo Constitucional los artículos violentados por las reformas», apuntó Raudales.

Desde su aprobación a propuesta de la mayoría del partido Nuevas Ideas y su aprobación sin debate previo, el paquete de modificaciones es blanco de críticas de amplios sectores de la sociedad, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales y la Iglesia católica.

Opiniones de expertos y analistas locales indican que es difícil que estas iniciativas prosperen, pues el Gobierno controla todos los poderes del Estado.

Sin embargo, en opinión de Raudales «hay magistrados que creo que van a actuar éticamente».

El directivo del MIS rechazó el planteamiento de Nuevas Ideas sobre que las reformas fueron una demanda de la población durante consultas que han hecho por años. «La verdadera consulta hubiera sido un referéndum, esa hubiera sido la verdadera consulta y hubiéramos ido todos a votar si queríamos esas reformas o no”.

«El esfuerzo de presentar esta demanda es también poner a prueba el sistema y evidenciarlos y hacer uso de un recurso constitucional, porque la misma Constitución nos valida esta opción de que los ciudadanos podemos acercarnos a las instituciones cuando sentimos que han sido violentados nuestros derechos”, puntualizó.

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