La mudanza de Vizcarra al peligroso y hacinado penal de Lurigancho, en las afueras de Lima, parece un hecho, tras el anuncio de ayer del Instittuo Nacional Penitenciario (INPE) de la anulación de su asignación a la cárcel para ex altos funcionarios.

El anunció generó mayoritarias reacciones en contra de la medida contra el ex gobernante centro-derechista encarcelado la semana pasada por cargos de corrupción, por una orden juducial de cinco meses de prisión preventiva, a la espera de la sentencia.

El mismo comunicado agregó que “rechaza tajantemente que la señora Presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, o alguna institución pública o privada tenga algún tipo de injerencia en este caso”, indicó, acaso previendo que se culpe a la mandataria.

También alegó que el INPE es un organismo autónomo y técnico y su jefe, Iván Paredes, dijo que la decisión final está a cargo de una comisión también independiente.

No pudo explicar porqué Vizcarra, siendo expresidente no puede estar en el penal donde fue encerrado, si en este permanecen los ex presidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo, los dos primeros condenados y el tercero sometido a un largo juicio.

Solo dijo que se ha verificado que se le debió aplicar el sistema de evaluación de los reos comunes y califica para Lurigancho, aunque la decisión final la tomará en breve la citada comisión.

El secretario general del partido de Vizcarra. Perú Primero, César Figueredo, comentó que sería inverosímil que la vida del expresidente sea puesta en peligro en una cárcel, si hay otra justamente para los ex altos funcionarios.

El abogado de Vizcarra, Erwin Sicchia, señaló que el Inpe es un organismo que pertenece al Ministerio de Justicia, es decir al gobierno de la presidenta Boluarte.

La explicación extraoficial de que Vizcarra debe ir a un presidio común porque es juzgado por delitos ocurridos antes de que ejerciera la Presidencia, fue desvirtuada por el letrado, quien señaló que elexmandatario Humala está preso por hechos ocurridos antes de que fuera presidente.

Mario Vizcarra, hermano de Martín, responsabilizó a la presidenta Boluarte de todo lo que le pueda pasar a Vizcarra tras su inminente traslado, que calificó como arbitrario y abusivo.

La parlamentaria de izquierda Ruth Luque, a su vez, dijo que Vizcarra debe responder ante la justicia por los cargos en su contra,“pero trasladarlo a Lurigancho resulta una medida que sugiere un castigo extra por motivos políticos”.

El ex ministro del Interior y ex jefe del INPE, dijo que el traslado “sería un desatino total que se envíe a un expresidente al penal de Lurigancho”.

El analista Nicolas Lúcar apuntó que el cambio de presidio “es obviamente una decisión política extraordinariamente torpe, al punto que parece una maniobra a favor del preso.

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