Ante la situación del sistema sanitario, la Asamblea Nacional (Parlamento) exigió al presidente, Daniel Noboa, garantizar la atención médica, y en respuesta, el Gobierno anunció la creación de un Comité Nacional para enfrentar la crisis del sector.

Esa entidad recién creada tuvo el jueves su primera reunión y ofreció invertir 60 millones de dólares para la compra de fármacos, pero no desde la administración de los hospitales, sino de manera centralizada desde el Ministerio de Salud.

“Les vamos a quitar el dinero a las mafias de la salud que durante años han luchado para capturar hospitales”, dijo el presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Edgar Lama.

No obstante, la creación de un comité para resolver la crisis recibió críticas de la oposición, que calificó la medida como burocrática.

Por otro lado, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) denunció la persecución y el espionaje contra su expresidente Leonidas Iza, tras detectar la presencia de agentes de inteligencia en comunidades y operativos de seguimiento.

Esta semana pobladores de la comunidad de San Ignacio, provincia de Cotopaxi, detuvieron atres agentes de inteligencia que seguían a Iza e incluso, fueron acusados por un intento de asesinato al líder social.

Los policías, que según reconoció la Fiscalía realizaban labores como parte de un investigación, fueron sometidos a un proceso de justicia indígena y finalmente quedaron liberados tras pedir disculpas a Iza, quien a su vez fue demandado por el secuestro de los agentes.

Durante la audiencia comunitaria de justicia indígena, los dirigentes presentaron como pruebas teléfonos celulares con entre tres mil y cinco mil archivos, cuyos datos confirmarían que, en efecto, seguían al líder indígena, a quien identificaban como el “cuy” o “capibara”.

La Conaie y otras organizaciones populares responsabilizaron al Estado por cualquier atentado contra dirigentes y exigieron al Gobierno de Daniel Noboa detener el hostigamiento, considerado un acto de intimidación y una “grave amenaza a la vida, la integridad y la paz social del Ecuador”.

También esta semana se cumplieron dos años de la consulta popular con la cual la mayoría de los ecuatorianos votó a favor de dejar bajo tierra el petróleo en el Parque Nacional Yasuní, zona de la Amazonía considerada una de las más biodiversas del planeta.

Sin embargo, indígenas de la nacionalidad waorani acudieron a la Corte Constitucional para pedir a ese organismo que exija al Ejecutivo el cumplimiento del mandato popular y el cierre de los pozos que aún. están operativos en el Bloque 43 ITT (Ishpingo, Tiputini y Tambococha), de Petroecuador.

Paralelamente, el presidente Noboa estuvo de gira por Brasil, Uruguay y Argentina, países donde se reunió con sus homólogos y firmó varios acuerdos, en su mayoría en materia de seguridad.

El Ministerio del Interior reportó cinco mil 268 homicidios intencionales entre enero y julio, y el pasado viernes se conoció el crimen en Guayaquil contra un periodista del diario El Universo, segundo reportero asesinado este año.

En ese contexto, el mandatario ecuatoriano emitió un decreto que amplió el estado de excepción vigente en cuatro provincias del país a otras tres localidades, con el argumento del incremento de hechos violentos.

La Corte Constitucional, que ya ha cuestionado antes el uso reiterado de esa medida para combatir el crimen organizado, deberá revisar el nuevo decreto en medio de tensiones con el Ejecutivo.

arc/avr