El exmandatario fue detenido, el 11 de marzo, en su país natal, y trasladado a la sede de la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya, Países Bajos, para responder por hechos delictivos relacionados con su sangrienta guerra contra las drogas y cometidos cuando el país todavía era miembro de ese tribunal.

La cifra publicada de solicitudes es un número limitado en comparación con la cantidad de personas dispuestas a participar, asegura el Registro del Tribunal cuya Sección de Participación y Reparaciones a las Víctimas está trabajando para prestar ayuda a los afectados.

Filipinas reconoce la muerte de más de siete mil traficantes a manos de las fuerzas de seguridad, en la época de Duterte.

La investigación de la CPI gira en torno a la mortífera guerra contra el narcotráfico desplegada cuando el acusado era alcalde de Davao, una ciudad de 1,7 millones de habitantes en la isla de Mindanao, en el sur de este archipiélago filipino, considerada una de las urbes principales del país.

En 2024, el experimentado político confesó haber dirigido un escuadrón de la muerte a fin de combatir la delincuencia y acabar con el crimen.

Para desplegar su guerra contra las drogas, dijo textualmente que hizo lo que tenía que hacer.

Duterte fue alcalde de Davao un total de 22 años en tres etapas: 1988-1998, 2001-2010 y 2013-2016, en ese último año se convirtió en presidente de la nación hasta 2022.

La urbe de Davao pasó de estar en la lista de las ciudades más peligrosas de Filipinas a ser una de las más seguras y el dirigente lo imputó a su política de tolerancia cero con la delincuencia.

Tal estrategia implicaba numerosas violaciones de los derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales de presuntos delincuentes.

“No cuestionen mis políticas porque no ofrezco disculpas ni excusas. Hice lo que tenía que hacer y, lo crean o no, lo hice por mi país”, declaró Duterte en una audiencia ante el Senado filipino, en octubre de 2024.

El propio Duterte retiró a Filipinas de la CPI en 2019. El comienzo oficial del juicio está previsto para el próximo 23 de septiembre, cuando se confirmarán los cargos que niega pues atribuye el actual proceso a una venganza política.

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