“Creo que la explicación es más que clara, es más una medida política (…), ¿por qué la decisión no viene antes de las elecciones? ¿Por qué viene después? ¿Por qué solamente para tres personas que representan un movimiento posiblemente político, incluso para una segunda vuelta en la elección?”, aseguró en declaraciones al canal estatal Bolivia Tv.
Tal pronunciamiento surgió tras una instrucción emitida el jueves último por el presidente del TSJ, Romer Saucedo, de verificar el cumplimiento de los plazos de medida cautelar personal y de detención preventiva de la exgobernante de facto Jeanine Áñez (2019-2020), así como de Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari.
Cinco días después de las elecciones del domingo 17 y el triunfo del representante de la derecha Rodrigo Paz y del ultraderechista Jorge Tuto Quiroga, aunque no con los votos necesarios para evitar un balotaje, Saucedo instruyó a los jueces verificar el cumplimiento de plazos legales en las medidas cautelares de detención preventiva contra Áñez, Camacho y Pumari.
“Todas las autoridades jurisdiccionales, en todos los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado boliviano, de manera inmediata y dentro de las facultades constitucionales, convencionales y legales que les invisten, en el plazo de 24 horas computables (…), procedan”.
Precisa el instructivo que se trata de la verificación del cumplimiento de plazos de la medida cautelar personal de detención preventiva “en todos los procesos que tuvieran”.
La viceministra consideró que la disposición de la máxima instancia judicial debió tener un carácter universal y no estar dirigido a solo tres personas.
Dentro de este contexto, para este lunes fue convocada en La Paz la audiencia de revisión de las medidas de detención preventiva del trío implicado en el golpe que derrocó en noviembre de 2019 al expresidente Evo Morales.
Áñez cumple una condena de 10 años de cárcel por la forma ilegal en que llegó a la jefatura de Estado, mientras que Camacho y Pumari están acusados en el caso denominado Golpe de Estado I.
Dentro de este expediente, se investigan los hechos que desembocaron en 2019 en las masacres de Senkata, en la ciudad de El Alto; El Pedregal, en La Paz, y Sacaba, en el departamento de Cochabamba, con un saldo de cerca de 40 muertos y cientos de heridos por armas de fuego, así como miles de encarcelados y torturados.
En estos momentos, se registra un motín de los privados de libertad en el penal de San Pedro, en La Paz, al grito de «igualdad de derechos», según transmitió el canal Bolivia Tv.
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