La sesión será telemática, sin embargo, el Frente Unitario de Trabajadores convocó a un plantón en las afueras de la entidad de control constitucional para rechazar la normativa.

Durante la audiencia tendrán derecho a la palabra tanto quienes presentaron las impugnaciones como los demandados, en este caso representantes de la Asamblea Nacional (Parlamento) y la presidencia de la República.

Entre los impugnantes se encuentran la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), el partido Unidad Popular, el Colegio de Abogados de Pichincha y el abogado Erick Gavilánez.

Una vez escuchadas ambas partes, el tribunal puede permitir la intervención de quienes presentaron recursos amicus curiae, o sea, aportes de terceros que, sin ser parte del proceso, ofrecen criterios técnicos o jurídicos para enriquecer el debate.

A inicio de este mes, la Corte suspendió varios artículos de esa disposición y de otras dos leyes de interés del Ejecutivo como una medida preventiva para evitar daños graves antes de un fallo definitivo sobre su constitucionalidad.

En cuanto a la Ley de Solidaridad Nacional, los magistrados dejaron sin aplicación momentánea artículos como el que reconoce la existencia de un conflicto armado interno, el que habilita indultos presidenciales diferidos, el que explica qué se considera un «grupo armado organizado» y el que presume ciertos bienes como objetivos militares.

Los demandantes piden anular completamente la disposición por considerar que pone en riesgo derechos fundamentales al plantear prisión preventiva obligatoria, modificaciones en el debido proceso y vulneración de la presunción de inocencia.

Desde el momento que el organismo judicial decidió suspender parcialmente esa norma, así como las leyes de Inteligencia e Integridad Pública, el presidente, Daniel Noboa, acusó a los magistrados de impedir al Gobierno avanzar en la lucha contra la inseguridad.

La tensión se profundizó luego de una movilización encabezada por el mandatario contra los jueces constitucionales y también por la propuesta de un referendo con el cual la administración busca habilitar el juicio político de los magistrados.

La relatora especial de la Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Statterthwaite, advirtió que intentos de desacreditar a los jueces podrían socavar la autonomía del tribunal y afectar la capacidad de los magistrados de actuar con independencia.

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