“La decisión fue comunicada tras la determinación de la Sala Plena y establece que, desde el 9 de julio de este año, los Jueces de Ejecución Penal de todo el país deben elaborar informes detallados sobre casos que, identificados durante las visitas carcelarias, ameriten la aplicación de esta figura jurídica”, afirma un comunicado institucional.

A partir de tal fecha, esas autoridades judiciales están obligados a remitir informes detallados sobre casos identificados durante visitas carcelarias, que puedan justificar la aplicación de esta figura excepcional.

Según el Artículo 421 del Código de Procedimiento Penal, la revisión extraordinaria de sentencia procede en los siguientes casos: Vulneración de derechos fundamentales, desproporcionalidad en la pena impuesta y aparición de nuevos elementos probatorios.

Asimismo, es aplicable en el caso de irregularidades procesales en la valoración de pruebas.

El Consejo aclaró que esta medida se aplicará sin distinción por el tipo de delito ni la condición del recluso, aunque se dará prioridad a quienes no hayan contado con una defensa adecuada u oportuna durante el proceso judicial.

La decisión del Consejo de la Magistratura, coincidió con una declaración de la viceministra de Seguridad Ciudadana de Bolivia, Carola Arraya, quien este lunes se sumó a quienes calificaron de “medida política” una disposición del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) favorable a líderes del golpe de Estado de 2019.

“Creo que la explicación es más que clara, es más una medida política (…), ¿por qué la decisión no viene antes de las elecciones? ¿Por qué viene después? ¿Por qué solamente para tres personas que representan un movimiento posiblemente político, incluso para una segunda vuelta en la elección?”, aseguró en declaraciones al canal estatal Bolivia Tv.

Tal pronunciamiento surgió tras una instrucción emitida el jueves último por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, de verificar el cumplimiento de los plazos de medida cautelar personal y de detención preventiva de la exgobernante de facto Jeanine Áñez (2019-2020), así como de Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari.

Sin embargo, motines en distintas cárceles de Bolivia con la demanda de «igualdad» obligaron este lunes a Saucedo a emitir una resolución en la que instruye que se revisen todos los procesos de detención preventiva, sin excepción.

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