En un comunicado emitido por la Cancillería, el Ejecutivo español reiteró que los lugares especialmente protegidos “no pueden ser objeto de ataques”.

“Es una flagrante e inaceptable violación del derecho internacional humanitario, que debe ser investigada”, apostilló.

En otra parte de la nota, significó que el dolor por la muerte de civiles, se une el de profesionales de la información, cuya labor es esencial y debe ser objeto de especial protección.

El comunicado puntualizó que España mantiene su total compromiso, “con el derecho de acceso a la información, esencial para garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información de todos los ciudadanos,”

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