En entrevistas este lunes con medios locales, Iza afirmó que los últimos mandatarios de esta nación sudamericana (Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa) han mantenido una política de persecución contra el movimiento indígena y sus líderes.

Asimismo, cuestionó que la actual administración de Noboa utiliza el escenario del narcotráfico y del crimen organizado para ajustar el Estado.

“Basta de que pongan millones de dólares al servicio de los intereses económicos. Están convirtiendo a los policías en sus guardias privados para abrir procesos mineros y perseguir a quienes defienden la tierra y el agua”, enfatizó el líder indígena en declaraciones a la emisora Radio Pichincha.

Tras la detención la semana pasada de tres policías que confirmaron el seguimiento a Iza, el expresidente de la Conaie explicó que detectaron varios tipos de infiltraciones en el movimiento indígena, entre ellos a través de periodistas de medios de comunicación como Wilar RTV.

Ante el medio Primera Plana, Iza anunció que con la ayuda de organismos internacionales, de la academia y de colectivos sociales, realizarán un peritaje de más de cinco mil chats hallados en los celulares de los tres agentes y, posteriormente, lo entregarán a las autoridades.

Los policías, que según reconoció la Fiscalía realizaban labores como parte de un investigación, fueron sometidos a un proceso de justicia indígena y finalmente quedaron liberados tras pedir disculpas a Iza, quien fue denunciado por el delito de secuestro.

“Regresé a mi comunidad y resulta que se meten a mi casa. Y ahora me ponen una denuncia por secuestro, ¿en qué país estamos viviendo?”, expresó el excandidato presidencial por Pachakutik, que denunció la criminalización sistemática de su labor política.

La portavoz presidencial, Carolina Jaramillo, aseguró que el caso está bajo investigación de la Fiscalía porque los uniformados “fueron retenidos en contra de su voluntad”.

“Esperamos que la justicia actúe de manera rápida y transparente”, añadió la vocera.

El pasado viernes, la Conaie y sus filiales regionales exigieron al Gobierno de Daniel Noboa detener el hostigamiento, considerado un acto de intimidación y una “grave amenaza a la vida, la integridad y la paz social del Ecuador”.

“Hoy, se reproducen prácticas de vigilancia, cruce de llamadas y espionaje ilegal, en franca violación del debido proceso, los derechos humanos y los principios fundamentales del Estado de derecho. (…) Son mecanismos de persecución política”, cuestionó el movimiento indígena.

rc/avr