Con esta acción judicial, las agrupaciones intentan salvaguardar el interés público frente al desparrame indiscriminado de proyectos solares a escala industrial en áreas esenciales para la seguridad y la soberanía alimentaria de los puertorriqueños.

La demanda plantea que el Negociado de Energía tiene el deber de hacer valer la Reserva Especial Agrícola y el Plan de Uso de Terrenos, y que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) debe asistir con las conclusiones que requiere la ley para identificar los lugares aptos donde integrar la energía renovable.

“La intervención del tribunal es esencial para evitar que las organizaciones demandantes se queden sin un foro que atienda los méritos del reclamo y el incumplimiento de las agencias demandadas con sus deberes en ley», indicó el abogado Omar Saadé Yordán.

El letrado recordó que en una sentencia anterior sobre este caso, el tribunal determinó que debía acudirse al Negociado de Energía mediante querella, lo cual se cumplió, pero “el Negociado se ha negado a atender el procedimiento, sin explicación ni decisión alguna”.

Las organizaciones demandantes reiteraron que no se oponen a la energía renovable, ya que han respaldado esos proyectos de energía solar en techos con almacenamiento y las microrredes que fortalecen la resiliencia de la red eléctrica del país, que se encuentra en su peor etapa con la privatización que impulsa el Gobierno.

“La energía solar en techos permite esa tan necesaria transición a fuentes sostenibles sin poner en peligro nuestra soberanía alimentaria, (cuando) el 85 por ciento de lo que consumimos en Puerto Rico es importado, y el país tiene una de las tasas de inseguridad alimentaria más altas en Estados Unidos”, destacó la abogada Ruth Santiago.

Advirtió que “por ello no debemos poner en riesgo el escaso suelo agrícola que nos queda, y es imperativo respetar y hacer valer la Reserva Especial Agrícola de Puerto Rico”.

El Negociado de Energía, denunciaron, continúa evaluando proyectos industriales de energía sin identificar primero los lugares aptos, tales como sistemas de relleno sanitario no operacionales o terrenos previamente contaminados, según dispone la Ley de Política Pública Energética.

La mayoría de esos proyectos industriales, agregaron, se proponen en Suelos Rústicos Especialmente Protegidos Agrícolas y en la Reserva Especial Agrícola, lo cual resulta incompatible y perjudicial al interés público porque amenaza la seguridad alimentaria de esta isla del Caribe, bajo el dominio colonial de Estados Unidos.

“Las decisiones sobre proyectos industriales de energía que dañan terrenos de alto valor agrícola y perjudican además a comunidades cercanas están en manos de una entidad que se rehúsa a asumir jurisdicción para analizar sus impactos”, explicó el letrado Gabriel Meléndez, de la organización El Puente Puerto Rico.

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