Convocada por el Tribunal Primero de Sentencia de Sacaba, Cochabamba, la vista quedó instalada a las 09:02 hora de Bolivia en cumplimiento a una instrucción del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitida este 25 de agosto.
Según se informó, la audiencia definirá la situación legal de Áñez, quien permanece detenida desde 2021 en el penal de Miraflores, bajo distintos procesos judiciales por hechos ocurridos durante su gestión (2019-2020) tras el derrocamiento del exmandatario Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019.
A 48 horas de asumir la presidencia del país ilegalmente el 12 de noviembre de 2019, Áñez firmó el decreto supremo 4078 (conocido como de la Muerte) que eximió de responsabilidad penal a militares y policías por la violencia aplicada en la represión contra quienes protestaban por la interrupción del mandato de Morales.
Como resultado, ocurrieron las masacres de Senkata, en la ciudad de El Alto; El Pedregal, en La Paz, y Sacaba, en el departamento de Cochabamba, con un saldo de cerca de 40 muertos y cientos de heridos por armas de fuego, así como miles de encarcelados y torturados.
El caso Sacaba investiga, en particular, las muertes ocurridas el 15 de noviembre de 2019, cuando una movilización de cocaleros del Trópico de Cochabamba fue reprimida por un contingente conjunto de la Policía y las Fuerzas Armadas en el puente Huayllani.
Diez personas perdieron la vida por impactos de proyectil de arma de fuego y decenas resultaron heridas.
Las víctimas protestaban contra lo que consideraban una vulneración de los símbolos patrios, como la quema de la wiphala, y en respuesta a agresiones contra mujeres de pollera durante los días posteriores a la renuncia de Morales.
Una acusación formal contra Áñez presentó en octubre de 2023 la Fiscalía de Cochabamba, con la imputación de presunta responsable como máxima autoridad del Estado en la planificación y ejecución de los operativos.
La noche de este lunes, el Tribunal Cuarto de Sentencia de la ciudad de El Alto anuló todos los actuados del caso Senkata, e instruyó que se inicie como un juicio de responsabilidades.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó en 2023 la condena a 10 años de prisión que cumple la exgobernante en el penal paceño de Miraflores por delitos relacionados con el caso denominado Golpe de Estado II.
Tal expediente juzgó la forma irregular en que Áñez se colocó al frente del Senado y desde ahí accedió a la jefatura de Estado en 2019, y por tal motivo el Tribunal Primero de Sentencia de la de la ciudad de La Paz emitió en 2022 el veredicto que estableció la sanción de una década.
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