La propuesta ya pasó un primer debate en el plenario y este martes tendrá lugar la segunda y definitiva discusión de la Ley, tramitada con carácter económico urgente para regular el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales.

A través de un comunicado, la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) aseguró que el propósito del Gobierno es controlar y silenciar “a las organizaciones sociales que no han podido comprar”.

La legisladora Valentina Centeno, del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional, defendió la iniciativa y argumentó que existen antecedentes de cómo la criminalidad está utilizando organizaciones sociales sin fines de lucro para el lavado de activos, narcotráfico, minería ilegal y redes de corrupción.

Según la asambleísta, las economías criminales mueven aproximadamente 30 mil millones de dólares anuales en el país, sin embargo, no existe ningún estudio o institución oficial que respalde ese dato.

El bloque parlamentario de la RC, de oposición, señaló que la Ley es innecesaria y redundante porque ya existe una normativa vigente en el país para prevenir y enfrentar el lavado de activos.

La RC añadió que se trata de una cortina de humo ante la crisis sanitaria, debido a la falta de medicamentos e insumos en los hospitales públicos.

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