El oficialismo logró 78 votos en el Legislativo para dar luz verde a la iniciativa, señalada como inconstitucional y persecutoria por la oposición.
El movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) defendió el proyecto bajo el argumento de que permitirá atacar a las economías de grupos delincuenciales que supuestamente utilizan los grupos civiles para el lavado de activos.
Sin embargo, desde la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), principal fuerza de oposición, los legisladores denunciaron que el verdadero objetivo del Ejecutivo es perseguir y controlar a las organizaciones de la sociedad civil.
¡SE APROBÓ LA LEY DE LA IMPUNIDAD!
Con nombre rimbombante de “Transparencia Social”, la Asamblea aprobó una ley inconstitucional, que blinda a los poderosos, impide auditorías y silencia a las organizaciones sociales.
Desde la #BancadaCiudadana lo denunciamos:
¡NO es… pic.twitter.com/Htwb1RrgQf— Bancada Ciudadana (@BancadaRC5) August 26, 2025
La parlamentaria Liliana Durán, de la RC, presentó en la sesión de este martes un video con la declaración de la relatora de Naciones Unidas sobre libertad de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero, quien expresó su preocupación por el impacto negativo del proyecto.
De acuerdo con Durán, la normativa abre paso a la persecución de las organizaciones sociales porque se permite el cierre por aspectos administrativos.
Aunque la primera vicepresidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, de ADN negó que el objetivo sea perseguir a las organizaciones sociales, la RC señaló en un comunicado que la normativa “bajo un nombre rimbombante esconde la institucionalización de la impunidad”.
Además, advirtieron que la ley es “abiertamente inconstitucional, pues viola la unidad de materia al incluir, a última hora, reformas tributarias y financieras ajenas a su propósito original”.
Según alertaron, el objetivo es “blindar políticamente a altos funcionarios y a sus familiares, impedir auditorías, eliminar trazabilidad en investigaciones tributarias y, en consecuencia, garantizar que los más poderosos de este país nunca sean investigados ni sancionados”.
Para el Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo SJ” (CSMM), la disposición evidencia una tendencia regresiva que llama la atención de organismos internacionales por contradecir normas y estándares globales, a la vez que acrecientan un estilo gubernamental autoritario, intolerante y persecutorio.
Este es el cuarto proyecto de ley económica urgente presentado por Noboa y aprobado en la Asamblea.
Las tres disposiciones anteriormente analizadas enfrentan una serie de demandas de inconstitucionalidad y están suspendidas parcialmente.
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