Lo fugitivos son los autores intelectuales, empresarios madereros José Estrada y Hugo Soria y los sicarios Josimar y Segundo Atachi, a quienes los primeros pagaron para que asesinaran a los nativos, Edwin Chota, Francisco Pinedo, Leoncio Quintisima y Jorge Ríos, el primero de septiempre de 2014.
“Necesitamos la actuación de la Policía Nacional del Perú y todas las fuerzas militares para la urgente detención de estos asesinos; tenemos información que han huído”, dijo López, presidente de la Organización Regional de la Asociación Indígena de la Selva Peruana de la región de Ucayali (ORAU) fronteriza con Brasil.
Añadió que los indígenas de Ucayali siempre han tenido contacto con sus similares del país vecino, con quienes se unen no solo por la lengua y la cultura, sino por la continuidad de sus territorios.
El dirigente denunció, además, que los dirigentes amazónicos viven constantemente amenazados por lo que llamó economías criminales, como la tala y la minería ilegales, los sembradíos de coca para la producción de cocaína y las concesiones forestales ilegalmente otorgadas por autoridades regionales.
Añadió que hay aproximadamente 120 dirigentes indígenas amazónicos amenazados por quienes desarrollan esas actividades que depredan la Amazonía, considerada el pulmón del planeta.
Las víctimas eran defensores voluntarios que denunciaban constantemente la tala ilegal de árboles del territorio de la comunidad natiiva de Alto-Samaya-Saweto, y obtaculizaban la actividad ilegal de los depredadores.
Los nativos denunciaron reiteradamente ante la Policía, las amenazas de muerte de los taladores furtivos, sin obtener la protección que requerían, hasta que fueron secuestrados, torturados y asesinados por los sicarios.
López advirtió que las muertes van a seguir aumentando hasta que el Estado tome las acciones pertinentes, y señaló que la condena dictada ayer por la Corte Suprema de Ucayali, de 28 años y seis meses para los asesinos de sus cuatro compañeros, es alentadora y marca un camino de justicia en la Amazonía.
npg/mrs
