La legisladora Patricia Juárez, del partido derechista Fuerza Popular (FP), rompió el silencio que su bancada había mantenido sobre la juramentación, el sábado último, de Santiváñez, cuestionada por fuerzas de izquierda, derecha y centro.

Juárez calificó el nombramiento como un desatino que debió evitarse porque, en su opinión, confronta al Ejecutivo con el Legislativo, que mantienen una especie de acuerdo tácito de coexistencia y coordinación.

Recordó que el polémico personaje fue censurado (obligado a renunciar) por el Congreso en marzo pasado, cuando era ministro del Interior, por lo que la gran mayoría de los parlamentarios consideró su incapacidad en el combate contra el desbordado crimen organizado.

Opinó que la presidenta Dina Boluarte le habría dado la cartera de Justicia porque no tiene nada que perder, en referencia a que en una reciente encuesta, fue desaprobada por 96 por ciento de la población y solo fue respaldada por tres por ciento.

Juárez dijo además que la designación es “una afrenta innecesaria” al Parlamento que lo censuró, aunque no es ilegal, pues la Constitución no lo prohíbe.

El retorno de Santiváñez al gabinete motivó por otra parte contradicciones en el partido de derecha extrema Renovación Popular (RP), cuyos parlamentarios lo rechazaron, mientras el alcalde de Lima y líder de la organzación, Rafael López Aliaga, saludó la nominación. La congresista de RP Norma Yarrow, por su parte, evidenció su descontento por la designación, al pedir en un mensaje en la red X “¡No más ministros censurados!” y solicitó que se debata en el Parlamento el proyecto de reforma constitucional que prohíbe nombramientos de ministros censurados.

Otro factor en contra de Santiváñez es que tiene 12 procesos de investigación por los presuntos delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible, encubrimiento personal y otros, además de haber sido abogado de delincuentes y policías acusados de corrupción.

También se le reprocha su actuación como abogado de los integrantes de un grupo de policías que ejecutaban a presuntos delincuentes y hacían pasar los homicidios como muertes en enfrentamientos.

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