Las entidades atribuyeron la situación a la disputa por el control territorial entre grupos criminales y a la crisis en las cárceles, mientras expusieron que en este periodo se duplicó el pago de las cuotas, describió el diario Prensa Libre.

Mencionó ciertos sectores del área metropolitana y fijó la incidencia del flagelo entre un 40 y 50 por ciento de aumento, sobre todo en zonas clasificadas como rojas (de mayor riesgo).

Refirió acoso a las empresas de «ruteo» -distribución desde bodegas o centros de producción hacia tiendas de barrio, depósitos, abarroterías y mercados.

Ello, acotó, coincide con otros delitos, como la venta de drogas, el desplazamiento forzado y la operación de estructuras desde reclusorios.

Las Cámaras anticiparon un cierre de año con cifras superiores a las del 2024 y las calificaron de dramáticas a partir de junio, julio y agosto.

Un informe de la víspera del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales advirtió que en julio pasado se presentaron dos mil 396 denuncias de extorsiones, contra dos mil 216 el mes anterior y dos mil 712 en mayo.

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, indicó, según el medio, que no tenían conocimiento del cobro de un peaje por parte de las estructuras criminales.

El titular de la cartera de Interior llamó a las cámaras empresariales y empleadores a realizar la denuncia y acercarse a la institución para abordar el tema y encontrar solución.

Reconoció que existen 17 mesas de trabajo con diferentes sectores para abordar problemáticas de seguridad.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, reconoció a fines de mayo como uno de los principales problemas de su administración el tema de las extorsiones, que impacta en empresas, comercios y población en general.

Lo que estamos haciendo es precisamente una readecuación de las fuerzas y de los comandos, en este caso en el Ministerio de Gobernación, para dar una respuesta adecuada al problema, explicó entonces el mandatario.

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