Trabajadores, estudiantes, campesinos y diversos grupos de la sociedad civil exigen que la medida se declare inconstitucional y para ello realizan un plantón en las afueras del organismo judicial.
El presidente del Frente Unitario de Trabajadores, Edwin Bedoya, reiteró que el 11 de septiembre tendrá lugar la primera movilización luego de las audiencias sobre la Ley de Integridad Pública y también las cuestionadas leyes de Inteligencia y Solidaridad Nacional.
De acuerdo con Bedoya, el FUT y varias organizaciones del sector público, estudiantes, campesinos y el movimiento indígena se unirán en las protestas, “más aún en un contexto donde hemos visto que los recursos del Estado se utilizan para perseguir a las organizaciones que defienden los derechos humanos”.
La Ley de Integridad Pública, aprobada en junio por la Asamblea Nacional, ha sido impugnada por más de 20 organizaciones y ciudadanos.
A esta hora, el organismo judicial escucha criterios de demandantes, así como de representantes del Ejecutivo y el Legislativo que defienden la medida.
Originalmente concebida como una reforma a la contratación pública, la normativa terminó incorporando cambios penales, laborales, judiciales, financieros y en materia de niñez y adolescencia, provocando malestar entre gremios y sectores sociales.
A inicios de agosto, la Corte Constitucional suspendió parcialmente esta ley junto a otras dos normativas, lo que generó tensiones con el Ejecutivo.
El presidente Daniel Noboa acusó a los magistrados de obstaculizar la lucha contra la inseguridad y propuso un referendo para habilitar el juicio político a los jueces.
La relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Statterthwaite, advirtió que los intentos de desacreditar a los jueces podrían socavar la autonomía del tribunal y limitar su capacidad de actuar con independencia.
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