La sesión comenzará a las 10:00 (hora local), de manera telemática, y los denunciantes podrán exponer sus argumentos contra la disposición aprobada por la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista.
La Ley acumula más de 20 impugnaciones presentadas por la Unión Nacional de Educadores, la Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario, el Sindicato de Obreros Municipales de Loja, entre otras organizaciones y ciudadanos.
Ellos cuestionan tanto la forma como el contenido de la iniciativa legal, ya que, según afirman, afectan derechos constitucionales.
La Ley de Integridad Pública, que inicialmente era reforma a la contratación en el sector público, incluye reformas penales, laborales, judiciales, monetarias y financieras, así como de niñez y adolescencia.
La medida, que plantea cambios en el pago por despido intempestivo y una nueva modalidad de evaluación de los funcionarios públicos, provocó movilizaciones populares en el país.
A inicios de este mes, la Corte Constitucional determinó suspender parcialmente esa norma y las leyes de Inteligencia y Solidaridad Nacional.
Sobre esta última, la Corte realizó la víspera una audiencia en la cual organizaciones sociales y ciudadanos pidieron que fuera declarada inconstitucional, mientras representantes del Ejecutivo y el Legislativo expusieron sus argumentos para defender la normativa.
A raíz de la decisión del organismo judicial de frenar las tres leyes, el presidente Daniel Noboa acusó a los magistrados de impedir al Gobierno avanzar en la lucha contra la inseguridad.
La tensión se profundizó luego de una movilización encabezada por el mandatario contra los jueces constitucionales y también por la propuesta de un referendo, con el cual la administración busca habilitar el juicio político de los magistrados.
La relatora especial de la Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Statterthwaite, advirtió que intentos de desacreditar a los jueces podrían socavar la autonomía del tribunal y afectar la capacidad de los magistrados de actuar con independencia.
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