Boluarte se refirió al tema tras un discurso leído en el patio central del Palacio de Gobierno, en el acto de conmemoración del Día de la Defensa Nacional, en el que ensalzó a las Fuerzas Armadas y dijo haberlas reivindicado y seguirá defendiéndolas después que fueron, según dijo, relegadas en gobiernos anteriores.

Calificó como “un muñeco armado” (un montaje) el allanamiento de la casa de su hermano Nicanor Boluarte, por fiscales a los que fustigó por la operación de allanamiento de más de 20 viviendas y locales de miembros de la red denunciada y autorizada sin ningún sustento jurídico por un juez.

La operación incluyó las oficinas del estudio de abogados del recién nomnbrado ministro de Justicia, señalado como jefe de la presunta organización criminal dedicada al uso de influencias con fines ilegales, aunque la mandataria no mencionó a Santiváñez.

Sobre las acciones judiciales, dijo saber que no son contra su hermano sino contra “esta presidenta que no agachó la cabeza al chantaje ni a la venganza ni al rencor”, adjetivos que suele usart contra los opositores.

“Yo se que quieren desestabilizar al Gobierno, pero desde acá, dese la casa de todos los peruanos, digo a esos jueces: la presidenta es más valiente de lo que ustedes se imaginan y no les tengo miedo”, aseguró la mandataria.

Se refirió también al proceso de las elecciones generales de 2026 y llamó a que “no demos un salto al vacío donde van a querer capturar las instituciones como lo tienen capturado a parte del Ministerio Público y el Poder Judicial y ahí desde las sombras quieren seguir llevando las riendas del país”.

La operación emprendida hoy por la Fiscalía se refiere a las presuntas actividades del ministro de Justicia cuando era, hasta marzo de este año, ministro del Interior, y para la Fiscalía, habría cobrado a través de su estudio jurñidico, grandes sumas a cambio de enviar fuerzas policiales a proteger minas e usado su poder para favorecer a una empresa minera en un litigio con otra.

El involucramiento de Nicanor Boluarte se habría dado al gestionar Santiváñez que una empresa minera le proporcione un certificado de trabajo que necesitaba para demostrar arraigo y no ser sometido a prisión preventiva en una investigación por tráfico de influencias.

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