El plan, dirigido específicamente a la población inuit, incluía la inserción de dispositivos intrauterinos sin consentimiento después de partos o abortos.

Frederiksen calificó estas acciones históricas como una traición y una violación de los derechos fundamentales de las mujeres groenlandesas.

Analistas consideran que las disculpas responden a una investigación iniciada en 2023 para cuantificar el daño causado.

Hasta el momento, 143 mujeres han presentado demandas contra el Estado danés, reclamando unos seis mil 100 millones de dólares en compensaciones.

Expertos en derechos humanos señalan que el caso expone políticas de asimilación forzada y discriminación étnica sistemática.

Criticos subrayan la paradoja de que, mientras se pide perdón, servicios sociales daneses separan actualmente a madres groenlandesas de sus recién nacidos.

La primera ministra afirmó que su gobierno asume la responsabilidad, aunque no puede cambiar lo ocurrido.

El proceso de reconciliación y reparación para las víctimas continúa su curso de forma lenta.

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