El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, confirmó la propuesta del nuevo, muy influyente y cuestionado titular de Justicia, Juan José Santiváñez, de esa reestructuración.

Dijo que el Gobierno presentará un proyecto de ley y que en el Parlamento está en proceso otro, planteado por uno de los partidos derechistas integrantes de la mayoría congresal, por lo que manifestaron preocupación analistas como el periodista Nicolás Lúcar,

Sandoval es uno de los titulares que ofrecieron entrevistas para ampliar argumentos de respaldo a un pronunciamiento conjunto, sin antecedentes en la presente administración, del Consejo de Ministros que cierra filas con la vehemente reacción de la presidenta tras el allanamiento de la casa de su hermano Nicanor Boluarte.

Insistió en lo planteado ayer en la declaración conjunta de los ministros, en el sentido que el allanamiento fue un abuso injustificado y carente de sustento jurídico y con fines políticos desestabilizadores.

El Ejecutivo alega también que Nicanor Boluarte no es uno de los investigados sobre lo que la Fiscalía llama una organización criminal encabezada por el ministro Santiváñez.

La presentación del pronunciamiento con todo el gabinete ministerial alineado y en el Palacio de Gobierno, con las formalidades propias de un acto institucional, dio pie a críticas desde diversas posiciones políticas.

Uno de los críticos, el abogado Andy Carrión, declaró que un problema que involucra a un ciudadano ajeno al Ejeccutivo, no debe ser respaldado con la movilización de todos los ministros y las posibilidades logísticas del Estado.

Entretanto, el ministro de Justicia negó la presunción de la Fiscalía de que encabeza una organización que cometió graves delitos, cuando era titular del Interior, hasta marzo de este año, cuando fue censurado (destituido) por el Legislativo por considerar ineficiente su tarea de combatir al desbordado crimen organizado.

También negó conocer siquiera conoce a Nicanor Boluarte, para quien habría gestionado, según los investigadores, un contrato de trabajo con una empresa minera, lo cual necesitaba para demostrar arraigo y evitar su detención preventiva en el marco de una investigación por usurpación de funciones y tráfico de influencias.

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