En conferencia de prensa, la titular describió que el alto tribunal la víspera, en medio en medio de la crisis de contaminación por basura, declaró ilegal la norma en respuesta a una acción del diputado Ronald Portillo (del opositor partido Vamos).

Desde la sede del Gobierno, consideró curioso que un legislador y exfuncionario del expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024) promoviera la inconstitucionalidad a un acuerdo de su propia administración.

Señaló una norma de hace 19 años, esta segunda de hace cuatro, y que ambas comparten la característica de que los Ejecutivos anteriores no se atrevieron a ponerlas en vigencia, o al menos los artículos más transformadores.

Preguntó por qué, al tiempo en que respondió con los tremendos desafíos de los gobiernos municipales: políticos, técnicos, institucionales y financieros para brindar estos servicios.

Ello explica en buena medida la crisis de contaminación que tenemos por aguas vertidas y basura, añadió Orantes, quien planteó la posibilidad de trabajar para resolver esas dificultades.

Mencionó como acciones a emprender, primero la de entender la crisis de contaminación ambiental generada por la falta de estos dos servicios municipales.

Es un problema nacional y por lo tanto requiere una solución de país, acotó, por lo cual –dijo- desde el año pasado comenzarons a desplegar un gran esfuerzo para trabajar de la mano de los gobiernos locales.

Expuso la estrategia de apoyo a gobiernos municipales para el saneamiento y el manejo de desechos sólidos, junto con el Ministerio de Salud y el de Desarrollo Social.

Todo lo realizado en 18 meses de la actual gestión, despertó un enorme sentido de esperanza y compromiso por parte de la sociedad, especialmente de los municipios, pero también del sector privado, afirmó la ministra.

La declaración de inconstitucionalidad de este reglamento, sin embargo, va a tener serias consecuencias, concluyó.

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