Grupos opositores y organizaciones no gubernamentales cuestionan esa política aunque son más los que prefieren ceder en algunos derechos establecidos en la Constitución de 1983 en favor de vivir sin el temor al terror que imponían en el país las pandillas.

Según dijo la víspera el ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, las pandillas causaron cerca de 200 mil muertos, más que en el conflicto de finales del siglo XX.

Entre los argumentos esgrimidos por el gobierno para solicitar la extensión de la medida figura que los pandilleros persisten con actividades delictivas y comunicaciones con cabecillas incluso en centros de detención.

Según las autoridades los grupos que aun persisten en su actividad tienen comunicación entre ellos ”para asegurar la continuidad operativa de las actividades delictivas en diversos territorios”.

La medida aprobada por 57 votos a favor y un voto en contra (Vamos) y dos ausentes del partidos Alianza Republicana Nacionalista (Arena, representantes de la derecha en el Legislativo.

Según Adolfo Muñoz, secretario jurídico de Presidencia, las medidas extraordinarias decretadas tuvieron un exitoso resultado que supuso la reducción histórica en los índices de homicidios y la captura de más de 88 mil terroristas, por lo que, afirmo, es necesario prolongar dicho régimen de excepción”.

Pese a que la normativa logra arraigo entre la población, organizaciones no gubernamentales denuncian al menos seis mil 500 violaciones de derechos humanos durante su aplicación y más de 400 detenidos fallecidos bajo custodia estatal.

Por otra parte, entre las justificaciones para mantener la medida se señala que aun existen en el país remanentes de pandillas superiores a los 10 mil, aunque Villatoro eludió la víspera dar una cifra de los que aun se mantienen escondidos en el país y en el exterior.

Gracias a la aplicación de la medida y al Plan Control Territorial el país espera llegar entre este jueves y viernes a las mil jornadas libres de asesinatos desde 2019.

mem/lb