Así lo establece la reforma parcial al artículo 118 de la Constitución Política nicaragüense aprobada este jueves en la Asamblea Nacional (Parlemento), la cual refuerza la responsabilidad de los servidores públicos en la adecuada administración, conservación y rendición de cuentas de los fondos y bienes del Estado.

La normativa precisa que el incumplimiento de lo anterior es causal inmediata y suficiente para la remoción del funcionario, “sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales establecidas en las leyes de la materia”.

En sesión plenaria, el jefe de la Bancada Sandinista, Edwin Castro, destacó la importancia de la reforma y la calificó de acertada, pues está enmarcada en la aprobación de la ley de la Procuraduría General de Justicia.

“Si hay alguien en una institución que no hace buen uso de los recursos y bienes del Estado, es responsabilidad de los jefes de esa institución velar porque eso no pase; no pueden alegar desconocimiento”, afirmó.

En esa línea, la parlamentaria Auxiliadora Martínez expresó que con esta reforma constitucional envían el claro mensaje de que la corrupción en Nicaragua no será tolerable, la impunidad no tendrá refugio y la administración pública estará al servicio del pueblo.

“Hoy más que nunca el compromiso revolucionario es fortalecer nuestras instituciones para que sean instrumentos de justicia social y no de privilegios”, manifestó.

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