Entre los implicados está Luis Oliva, exdirector de la entidad en la administración de Laurentino Cotizo (2019-2024), quien ahora deberá reportarse en Fiscalía periódicamente y tiene prohibido salir del país, según las primeras medidas cautelares.
Además, figuran en este proceso como acusados el empresario Budy Attie y la abogada Janice Becerra, investigados por el caso Fintek, asociado al sistema de vales digitales utilizado durante la pandemia de Covid 19 y a las deudas sin pagar a proveedores del anterior Gobierno.
Según el Ministerio Público, Oliva benefició a Attie al darle acceso a la base de datos con la información sobre los vales y las ganancias por comisiones, mientras Becerra, quien trabajaba como asesora de la AIG, sería el enlace.
La Fiscalía también señaló que Oliva vivió por dos años en un apartamento sin pagar alquiler que pertenece a una sociedad en la que Attie es el beneficiario final.
Sobre el tema, la analista Sabrina Bacal, del diario La Prensa, recordó en su sección Sin Censura, que este caso se conoció gracias a la denuncia hecha en 2023 por el exsubadministrador de la AIG ,Luis Stoute, a quien luego despidieron y hasta fue ridiculizado por el entonces contralor Gerardo Solís.
La acción de Stoute, agregó, resultó ser una oportunidad para la justicia , al señalar la herramienta tecnológica desarrollada por la AIG para programas como el “Vale Digital”, cedida a empresas que cobraban un porcentaje por cada transacción y lucraban recuperando las deudas del Estado a comercios.
Las pesquisas abarcan no solo a exfuncionarios, sino también a empresarios. La lógica es clara: los corruptos en el sector público suelen hacer mancuerna con corruptores en el sector privado, indicó la comunicadora.
En ese sentido alertó que justo ahora en la Asamblea Nacional (parlamento) está esperando el segundo debate un proyecto de ley de protección de denunciantes de corrupción, que se nutrió de los aportes de Stoute, una propuesta que en el pasado, se estrelló contra las agendas de algunos diputados.
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