Según argumentó Quishpe en rueda de prensa este viernes, la normativa aprobada en la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, busca controlar a los colectivos sociales bajo el argumento de prevenir el lavado de dinero.
“El Estado tiene identificado de manera clara dónde está el lavado de dinero, pero le molestan las organizaciones que ayer le frenamos en la Corte Constitucional”, afirmó Quishpe en relación a los pedidos de impugnación presentados contra otras disposiciones de interés del Ejecutivo.
La nueva Ley de Transparencia Social, conocida también como Ley de Fundaciones, entró en vigor este jueves 28 de agosto.
Según el Gobierno, las organizaciones no gubernamentales son “vulnerables a ser utilizadas, consciente o inconscientemente, para fines ilícitos” por lo cual deberán registrarse en el Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro, en hasta 180 días.
Todos queremos detener los fondos ilícitos, pero con esa Ley el Estado quiere controlar a las organizaciones que no son “alfombras de Carondelet”, aseveró Quishpe.
Lamentó que el Gobierno acuse de financiamiento ilícito y eche en el mismo saco a todos los colectivos, incluidos los que no comparten su política de apego al Fondo Monetario Internacional (FMI).
Al presidente le estorba que la UNE, el Frente Unitario de Trabajadores, la Federación Médica Ecuatoriana, el movimiento indígena y otros enfrenten las recientes normativas en la Corte Constitucional y en las calles con movilizaciones.
La nueva demanda se sumaría a otros pedidos de impugnación contra las leyes de Solidaridad Nacional, Inteligencia e Integridad Pública, suspendidas parcialmente y bajo análisis del organismo de control constitucional.
Por otro lado, Quispe rechazó la presunta persecución que enfrentan dirigentes de diversos colectivos por parte del Estado, una denuncia que salió a la luz luego de que el Movimiento Indígena de Cotopaxi (MICC) publicara chats de policías que probarían el hostigamiento.
Quishpe, uno de los mencionados en los mensajes, informó que en los próximos días acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para presentar una denuncia y exigir medidas cautelares.
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