Ortiz hizo la declaración tras participar en una velada realizada por deudos de civiles asesinados durante el conflicto interno (de 1980 a 2000), entre los que se cuenta su hermano, Luis Ortiz, ultimado en la masacre de la Universidad La Cantuta, en 1991.
La exministra señaló el riesgo de que una amnistía a militares y policías, se extienda a casos, como las muertes de manifestantes contra el ascenso al cargo de la presidenta Dina Boluarte.
La nueva medida fue planteada por el congresista de derecha extrema Fernando Rospigliosi, quien confirmó que coordina el proyecto de ley para esa medida con militares retirados.
Ortiz también dijo que la amnistía actual forma parte de un acuerdo político para que Boluarte siga gobernando hasta julio de 2026, pese a que, su administración tiene un respaldo que llega a tres por ciento y una desaprobación de 96 por ciento.
En la tercera manifestación contra la amnistía, ante el Palacio de Justicia, participó también la excongresista Indira Huilca, hija del líder sindical Pedro Huilca asesinado en 1992 por el Grupo Colina, escuadrón militar ilegal, autor de la masacre de La Cantuta.
“No nos vamos a quedar en silencio frente a esta ley de impunidad, que busca liberar a asesinos y violadores de derechos humanos que han matado a tantas personas”, dijo Huilca, al señalar que no son héroes como afirman fuentes oficiales y deben ser sancionados.
También participaron en la protesta los familiares de Inti Sotelo y y Bryan Pintado, muertos en 2020, en la represión a las protestas contra la designación por el parlamento conservador, del congresista Manuel Merino, quien tuvo que renunciar.
Analistas y abogados coincidieron de otro lado en que la amnistía otorgada apunta a contentar a las Fuerzas Armadas, a las que la presidenta ensalza con frecuencia,.
El miércoles último, en el Día de la Defensa Nacional, Boluarte anunció la preparación de un proyecto de ley de la soberanía, que la prensa considera el preludio del retiro del Estado peruano de la justicia supranacional que le exige dejar sin efecto la amnistía.
“No vamos a permitir que organismos internacionales o intereses ajenos a nuestra voluntad nacional interfieran en nuestras decisiones soberanas”, expresó tras señalar que la defensa no es solo territorial.
El Gobierno creó ayer un grupo de trabajo para que se encargue de elaborar una propuesta de proyecto de ley de la defensa encabezado por el ministro de Defensa, un general del Ejército retirado.
Los otros personeros del Ejecutivo son el primer ministro y los titulares de las carteras de Relaciones Exteriores, Justicia e Interior y los uniformados tienen cuatro representados, los del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea.
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