«Me duele mucho ver todo esto, pero me siento obligado a compartir un poco de la realidad actual con todos los que sufren con nosotros», escribió el descendiente del político ultraderechista en la red social X.

El edil aseguró que su padre «está delgado» y que «a veces hablaban, a veces simplemente guardaban silencio», en alusión a la fragilidad de su estado.

Bolsonaro, de 70 años, se encuentra bajo reclusión en casa desde el 4 de agosto, por orden del juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF).

La medida se fundamenta en el incumplimiento reiterado de disposiciones cautelares impuestas al exmandatario.

Según la sentencia, Bolsonaro tiene prohibido recibir visitas, salvo de sus abogados, y solo puede mantener contacto con personas autorizadas por la corte suprema.

El 26 de agosto, agentes policiales del Distrito Federal iniciaron un monitoreo encubierto frente a la residencia del exgobernante (2019-2022) en esta capital. La acción respondió a una orden directa de De Moraes.

La petición partió del director general de la Policía Federal (PF), Andrei Rodrigues, del diputado federal Lindbergh Farias y contó con el aval de la Fiscalía General.

El fallo judicial establece que la vigilancia debe ejecutarse en tiempo real y sin exposición indebida.

También obliga a evitar indiscreciones mediáticas, abstenerse de invadir el domicilio o perturbar el orden vecinal.

La policía, según el dictamen, podrá actuar con uniforme y armas según su criterio operativo.

En paralelo, la PF envió una carta al STF solicitando refuerzo inmediato en la seguridad de la residencia. El texto pide además una revisión constante de la tobillera electrónica de Bolsonaro.

De acuerdo con la institución, existe un riesgo concreto de fuga del exjefe de Estado.

El documento advierte que Bolsonaro podría intentar ingresar a la Embajada de Estados Unidos en Brasilia. Una vez dentro, buscaría solicitar asilo político.

La advertencia incrementó las tensiones en torno a su vigilancia.

El próximo martes, Bolsonaro comenzará a ser juzgado en la primera sala del STF por incitar y participar en el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022.

Tal proceso es considerado clave para el futuro político del país.

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