El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) reveló mensajes hallados en celulares de policías detenidos que confirmarían el seguimiento por parte del Estado a dirigentes de organizaciones indígenas, sindicales, y estudiantiles, mediante agentes encubiertos.

El Micc alertó que las labores encubiertas a través de periodistas infiltrados y otras modalidades permitiría al Gobierno obtener de manera ilegal reportes especializados de las actividades de líderes y activistas.

Entre los mencionados está José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores, que responsabilizó a la administración de Daniel Noboa por su integridad y la de otros compañeros.

El presidente del Frente Unitario de los Trabajadores (FUT), Edwin Bedoya, mencionó que las organizaciones sindicales ya alertaron a organismos internacionales sobre la presunta persecución de la que estarían siendo sujetos.

Esta semana, la Corte Constitucional escuchó durante extensas audiencias los argumentos de quienes presentaron demandas contra las leyes de Solidaridad Nacional, que aborda temas relacionados con el conflicto armado interno, y la de Integridad Pública.

Esa disposición, que ingresó inicialmente a la Asamblea Nacional como una reforma para mejorar los procesos de contratación pública, incorporó modificaciones penales, laborales, financieras, judiciales y hasta al Código de la Niñez, lo que motivó una ola de impugnaciones.

Mientras representantes del Gobierno y la Asamblea Nacional defendieron las normas, la Unión Nacional de Educadores (UNE) consideró que el Ejecutivo sufrió una derrota jurídica, tras las audiencias donde decenas de ciudadanos manifestaron que las medidas vulneran derechos básicos.

Por otro lado, el Ejecutivo aprobó la polémica Ley de Transparencia Social, impulsada por el presidente Noboa y que controlará a organizaciones no gubernamentales, fundaciones y colectivos sociales.

El oficialismo logró dar luz verde a la iniciativa, señalada como inconstitucional y persecutoria por la oposición.

Asimismo, Noboa, que estuvo esta semana de visita en Japón, envió otro proyecto de ley económica urgente al Parlamento para el Fortalecimiento Crediticio a través del sistema previsional y financiero del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS).

“Todo apunta a un intento de debilitar al Biess (…) El Gobierno está desesperado por cumplir con sus compromisos con el FMI (Fondo Monetario Internacional), y lo único que sabe hacer es cargar el peso sobre los hombros de los trabajadores y afiliados”, expresó la legisladora Viviana Veloz, de la Revolución Ciudadana.

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