La titular aseguró que el Ejecutivo “hará todo lo necesario” para que las masacres de Senkata y Sacaba no queden impunes.

Saravia calificó de “indignante” que administradores de justicia con una “celeridad sin precedentes” ordenaran en la semana recién concluida la liberación momentánea de personas como Jeanine Áñez, Fernando Camacho y Marco Pumari, investigados por esos crímenes.

“Estas acciones nos obligan como Gobierno Nacional -que se debe a los sectores populares-, a realizar todo lo necesario para impedir que se deniegue justicia a las víctimas de las masacres y que los responsables no queden en la impunidad”, reiteró enfática en sus redes sociales.

El 22 de agosto último, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, instruyó a los tribunales regionales revisar “de manera inmediata” los plazos procesales que se siguen contra los tres políticos y dar respuesta en 24 horas.

Esa decisión direccionada solo a tres personas generó muchas críticas de diversos sectores, así como motines de miles de reclusos que se encuentran en esa situación en diversos penales y deploraron la instrucción discriminatoria de Saucedo.

Desde el Senado, se anunció una acusación contra el titular del TSJ por tomar esa decisión autocráticamente, cuando debió ser aprobada en la Sala Plena de ese órgano del Estado.

Como resultado de la instrucción de la máxima autoridad del TSJ, los jueces de La Paz resolvieron la liberación plena de Pumari, con arresto domiciliario y derecho laboral para Camacho y determinaron que a Áñez le corresponde juicio de responsabilidades por la masacre de Senkata.

Saravia recordó que bajo el Decreto Supremo 4078 firmado por Áñez y su gabinete se cometieron las masacres de Sacaba y Senkata, que dejaron 37 vidas de bolivianas y bolivianos, como constató el Grupo internacional Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia).

Esa normativa otorgaba impunidad a las Fuerzas Armadas y a la Policía por ejercer la represión contra quienes protestaban contra la ruptura del orden constitucional, el 10 de noviembre de 2019.

Las 36 conclusiones de este equipo investigador incluye entre sus recomendaciones hallar a los responsables de esos crímenes, enjuiciarlos y sancionarlos.

Dentro de este contexto, ante el reciente beneficio de los tribunales a Camacho, Pumari y Áñez, las víctimas de las masacres y sus familiares anunciaron que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si en Bolivia la justicia anula procesos contra los principales culpables de esos crímenes durante el gobierno de Facto de Áñez (2019-2020).

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