La también catedrática y economista señaló que en el istmo impera un Estado policíaco que persigue y reprime a todo aquel que está en contra de lo que dice y hace la administración de José Raúl Mulino.
En ese sentido, Gordón aseveró al diario La Estrella de Panamá que al jefe de Estado no le bastó con los originarios, campesinos, obreros, jóvenes, estudiantes, sino que dice que la Iglesia Católica también está en esos menesteres, por oponerse a lo mismo que el pueblo.
Acerca de las protestas en rechazo a la Ley 462 de la Caja de Seguro Social indicó que en el proceso previo no hubo diálogo con el movimiento social, al que representa el FAD y con el cual mantiene un compromiso activo con las luchas populares.
Sobre las acciones futuras de la organización, Gordón explicó que se quiere construir alianzas con los sectores patrióticos, los que históricamente han defendido al país frente a la sumisión del Gobierno entreguista a Estados Unidos, como lo demuestra un memorando de entendimiento en seguridad suscrito entre ambas partes.
Acerca de dirigentes sindícales del sector de la construcción enjuiciados de manera arbitraria o exiliados en otros países, como su exsecretario general, Saúl Méndez, indicó que ha defendido los intereses de la clase obrera panameña y la patria, pero ello le ha valido una política de satanización por parte del Ejecutivo y poder económico, a través de algunos medios de comunicación social.
En esta administración que ha violentado constitución, las leyes y los convenios internacionales, Méndez ha sido perseguido al punto tal que vio en peligro su vida, producto de esta política nefasta de un Gobierno autoritario, agregó.
Méndez no ha sido imputado, no ha sido juzgado y no ha sido condenado, precisó. No es un delincuente, es un dirigente social, lo mismo que Genaro López, dirigente histórico de ese gremio.
“Quienes han robado a este país, quienes han traicionado a este país están en la calle”, remarcó.
Gordon adelantó que después del reciente Congreso Constitutivo, el FAD está a la espera de la resolución del Tribunal Electoral donde ya se declare como un partido formalmente constituido para luego salir a estructurar sus representaciones por todo el país con el objetivo de tener resultados importantes en las elecciones generales de 2029.
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