Fuentes cercanas al exmandatario ultraderechista aseguran que su ausencia se debe a motivos de salud. Padece episodios de hipo que le provocan vómitos, lo cual dificulta su participación, incluso de forma remota.

A esto se suma su actual situación judicial. Desde el 4 de agosto se encuentra bajo arresto domiciliario, por orden del juez Alexandre de Moraes, del STF.

Impulsado por la Fiscalía General, el proceso penal también incluye a otros siete acusados y sostiene que Bolsonaro encabezó una «organización criminal estructurada», con el objetivo de impedir la transmisión pacífica del poder tras su derrota electoral ante el actual gobernante Luiz Inácio Lula da Silva.

Según la acusación, el excapitán del Ejército sería el principal beneficiario si se hubiera concretado el golpe.

Aparecen entre los delitos imputados, organización criminal armada, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daños agravados a la propiedad federal y al patrimonio histórico. Las penas acumuladas por estos cargos podrían alcanzar hasta 43 años de prisión.

La reclusión domiciliaria de Bolsonaro fue determinada luego que el STF considerara que incumplió medidas cautelares.

Actualmente, el exparacaidista es monitoreado por un brazalete electrónico en el tobillo y vigilancia permanente de agentes federales dentro del condominio donde reside en Brasilia.

Junto al riesgo de fuga, la Policía Federal señaló intentos de coacción por parte de Bolsonaro y su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, hacia autoridades involucradas en el juicio.

Los dos habrían buscado apoyo internacional para deslegitimar a las instituciones nacionales.

El inicio del litigio marca un nuevo capítulo en el proceso judicial que podría definir el futuro político y personal de Bolsonaro, quien mantiene una base de seguidores fieles, pero cada vez más aislada frente al avance de las investigaciones.

Se espera que el pleito avance con audiencias sucesivas hasta el 12 de septiembre y que las autoridades judiciales emitan una decisión sobre la responsabilidad penal del expresidente en los próximos meses.

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