“Hoy iniciamos el mes de la patria levantando con orgullo nuestro pabellón nacional, símbolo sagrado de soberanía, libertad y dignidad”, afirmó la mandataria en el Cerro Juana Laínez, de Tegucigalpa, donde fue izada la bandera de este país.

En presencia de altos funcionarios del Estado, cuerpo diplomático y autoridades militares y civiles, Castro reafirmó su compromiso con la defensa de la soberanía nacional, la justicia social y la consolidación de la democracia.

Abogó por que el estandarte nacional (azul y blanco), flamee “firme sobre nuestras cabezas y nos imponga el deber ineludible de honrar la patria con hechos y no solo con palabras”.

“La bandera ondea como testigo de nuestras luchas, sacrificios y esperanzas, recordándonos que esta nación jamás se ha rendido ni ante la opresión, ni ante el coloniaje, ni ante el imperialismo, ni las élites que han pretendido arrodillarnos”, manifestó la mandataria.

La primera mujer presidenta de Honduras subrayó que, desde el primer día de su gobierno, el 27 de enero de 2022, emprendió una lucha frontal contra los peores flagelos que desangraron a esta nación, “como el capitalismo salvaje, la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico transnacional”.

Recordó que su antecesor, el expresidente derechista Juan Orlando Hernández (2014-2022), dirigió un cartel que inundó de droga Estados Unidos, por lo que hoy cumple una condena de 45 años de prisión en el país norteño.

Una prueba de la “narcodictadura” que gobernó aquí durante casi 13 años, denunció.

Sobre las elecciones generales del próximo 30 de noviembre, Castro dijo que, en su condición de comandante general de las Fuerzas Armadas (FFAA), ordenó que se cumpla la misión patriótica de custodiar un proceso democrático, libre y transparente.

“El jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA, general Roosevelt Hernández, demócrata, me ha asegurado que tendremos elecciones limpias y libres como lo demanda nuestro pueblo”, enfatizó la gobernante en su discurso.

Ratificó que su administración no permitirá un fraude, como los ocurridos en los comicios de 2013 y 2017, y tampoco un golpe de Estado como en 2009, cuando la élite política -en contubernio con los militares- derrocó al entonces presidente constitucional, Manuel Zelaya.

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