Esa institución de justicia solicitó la misma condena al co-inculpado chileno Gerardo Sepúlveda, quien atendía los negocios de las empresas del exmandatario y tras las primeras investigaciones fue autorizado a salir del país a condición de que regrese cuando sea convocado.

El juez Jorge Chávez, quien tuvo a su cargo el monitoreo de las investigaciones, dispuso que un juzgado penal fije la fecha y la hora del inicio del juicio, más de seis años después de que Kuczynski renunció a la presidencia del país, en marzo de 2018, al verse envuelto en un escándalo político.

La acusación está referida a contratos de asesoría financiera y técnica, realizados por las empresas de Kuczynski Westfield Capital Limited, First Capital Inversiones y Asesorías Limitada y Latin América Enterprise Managener LLC.

Esos servicios permitieron obtener, a las empresas involucradas, contratos de construcción de grandes obras proyectos de infraestructura, realizados por las empresas asesoradas, bajo el gobierno del hoy preso, por otros casos de corrupción, Alejandro Toledo (2001-2006), del que Kuczynski fue primer ministro y titular de Economía y Finanzas.

El fiscal del caso, José Pérez, atribuye al exmandatario haber creado una presunta organización criminal que cobró más de 12 millones de dólares a las empresas beneficiadas.

Kuczynski asumió la Presidencia el 28 de julio de 2016, pero tuvo que renunciar tras revelarse audios y videos, en los que funcionarios de su entorno ofrecían dádivas a legisladores de la oposición, mayoritaria en el Congreso, para que no voten por la vacancia (destitución) del empresario y político peruano-norteamericano.

En junio pasado, cuando estaba convocado a comparecer en un nueva audiencia que decidiría un nuevo período de su prisión preventiva, Kuczynski intentó viajar a Estados Unidos, pero fue impedido de abordar un vuelo a ese país, aunque negó que intentara fugarse.

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