La resolución surge a partir de una querella presentada semanas atrás por diputados del partido Movimiento Semilla por el campamento instalado en la céntrica Plaza de la Constitución (frente a la sede del Gobierno), divulgó el oficial Diario de CentroAmérica.

Antes, la legisladora Andrea Reyes explicó que la acción legal se planteó por considerar que esas personas cometieron varios delitos del 26 de mayo al 15 de julio último con las medidas de hecho adoptadas, incluidas caminatas, suspensión de clases, entre otras.

Añadió que ocuparon ilegalmente los alrededores del Palacio Nacional de la Cultura e instalaron carpas y estructuras temporales en el perímetro del inmueble como medida de presión política para exigir la firma de un pacto colectivo.

También expuso que esta estrategia del STEG pasó de ser un acto de manifestación a convertirse en una violación directa al patrimonio cultural.

En seguimiento al caso, el juzgado resolvió que se investigue, aparte de Acevedo, a su Comité Ejecutivo Nacional, afiliados y cualquier otra persona involucrada por la posible comisión de los delitos de usurpación agravada, contaminación y depredación de bienes culturales.

Sin embargo, el abogado Perci Méndez manifestó su sospecha de que la justicia no actuara de oficio cuando estaban las carpas en el lugar, porque ese era un delito in fraganti.

En declaraciones a Emisoras Unidas sobre la orden ahora, el igualmente catedrático universitario aclaró que con lo anterior responde lo del tema del patrimonio.

Luis Fernández Molina, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, descartó asimismo en palabras a ese medio que abrigue esperanzas en que vayan a profundizar más. “Ya el fiscal que estaba a cargo debería haber investigado”, subrayó.

Fuerzas de seguridad desalojaron a los integrantes del STEG que permanecieron en el campamento alrededor de la sede del Ejecutivo y expertos señalaron luego los daños provocados.

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