De Moraes dio lectura al informe que marca el comienzo del juicio contra Bolsonaro y siete aliados, quienes, según la Fiscalía General, orquestaron el derrocamiento de la democracia para impedir la toma de posesión del presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva en 2023.

También el magistrado criticó las acciones «cobardes y traicioneras» de la organización criminal, objeto de la investigación, contra la corte.

«Esta acción penal constató la existencia de una conducta dolosa y consciente por parte de una verdadera organización criminal que, de una manera nunca antes vista en nuestro país, comenzó a actuar de manera cobarde y traicionera para intentar coaccionar al Poder Judicial», leyó.

Aludió, «en particular, el Supremo Tribunal Federal y la sujeción de las operaciones del tribunal al escrutinio de otro Estado extranjero».

El ministro se refirió a la participación del diputado federal Eduardo Bolsonaro en las negociaciones con Estados Unidos contra el litigio, cuyo principal acusado es su padre.

La denuncia de la Fiscalía General destaca el papel clave del exmandatario en las negociaciones, especialmente en el núcleo crucial, que agrupa a los ocho principales acusados en la trama golpista.

Una primera etapa del juicio resulta la lectura del informe y en él, De Moraes examina el expediente del caso y presenta un resumen de lo ocurrido.

El informe aún no constituye la votación del ministro, que solo se leerá tras los argumentos orales del fiscal general Paulo Gonet y los abogados defensores de los ocho inculpados.

A diferencia de etapas anteriores del caso, Bolsonaro decidió no asistir a la sesión inaugural del pleito en la primera sala del STF.

«El expresidente no asistirá. La expectativa es presentar una defensa veraz, basada en argumentos legales», explicó el abogado Celso Vilardi, responsable de la defensa técnica de Bolsonaro.

Afirmó que el exgobernante expresó su deseo de asistir a la sesión, pero que «no se encuentra bien de salud».

Nunca antes en Brasil un exjefe de Estado había sido acusado penalmente por atentar contra la democracia.

Aunque el país vivió dictaduras militares y rupturas institucionales en el siglo XX, ningún responsable de esos períodos fue juzgado en vida.

En cambio, Bolsonaro enfrenta la justicia bajo la nueva legislación penal aprobada en 2021, que tipifica el intento de golpe como crimen explícito contra el Estado de Derecho.

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