El rostro más visible de la represión durante el ejecutivo de facto de Jeanine Áñez, será deportado la noche de este miércoles rumbo a Bolivia por el país hacia el que escapó.
Según reportes de la canciller, Celinda Sosa, saldrá de Miami, Florida, a las 22:00 hora de Miami, en un vuelo de Boliviana de Aviación y se espera que llegue al Aeropuerto Internacional de Viru Viru aproximadamente a las 04:30 hora de Bolivia del jueves.
Implicado en turbios negocios en la adquisición de medios para reprimir a quienes reclamaban el retorno de la democracia tras el derrocamiento del expresidente constitucional Evo Morales el 10 de noviembre de 2019, Murillo cumplió la condena que le impuso la justicia de Estados Unidos.
En mayo de 2021, el extitular fue arrestado en Miami y condenado a cinco años de encierro acusado de lavado de dinero.
Por mecanismos carcelarios de la potencia del Norte, el exministro quedó libre en junio de este año, mientras el Gobierno boliviano tramitaba su extradición.
“Eso es un tema particular, una decisión del gobierno de Estados Unidos de deportarlo, por parte del Estado boliviano todas las entidades hemos coadyuvado, inclusive remitido documentación donde este ciudadano tiene más de ocho procesos judiciales, dos de ellos con sentencia condenatoria”, declaró hace una semana el procurador general boliviano, Ricardo Condori.
Según el abogado Tomas Becker, uno de los profesionales que asesora a las víctimas de Octubre de 2003 y también sigue el caso de Murillo, el proceso del exministro fue reservado porque los trámites de deportación o asilo se tratan de ese modo y es aplicado por las autoridades judiciales, que no dejan ingresar a las audiencias decisorias.
El jefe de la represión policial durante las masacres de Sacaba, en Cochabamba; Senkata, en El Alto, y El Pedregal, en La Paz, con saldo de 38 muertes, fue sentenciado en Estados Unidos por su participación en un esquema de sobornos y lavado de dinero, relacionado a un millonario sobreprecio en la adquisición de equipos antimotines.
Cumplió su condena el 21 de junio y fue puesto a disposición de autoridades migratorias para que definieran su situación.
A fines de junio, se informó que, a su retorno a Bolivia, deberá enfrenar al menos 30 procesos judiciales, la mayoría en la ciudad de La Paz, por delitos de corrupción y sobreprecio en compras durante su gestión como titular de cartera.
El fiscal departamental, Luis Torrez, explicó que los 30 procesos están radicados en diferentes distritos, y que en La Paz tiene 22, entre ellos ocho activos y dos juicios que ya cuentan con sentencia de más de cinco años de prisión.
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