Kabila opinó que el aparato es cómplice de persecución política, como ocurre en el proceso penal interpuesto en su contra por la justicia militar, y afirmó que estas acciones amenazan la reconciliación nacional.

El exjefe de Estado consideró que las acusaciones que se le imputan de traición, crímenes de guerra, asesinato, violación, tortura, apoyo a insurrecciones armadas y complicidad con la Alianza del Río Congo- Movimiento 23 de Marzo (AFC/M23), constituyen una farsa judicial.

“Estas acusaciones falsas y con motivaciones políticas fueron orquestadas por un gobierno desesperado, incapaz de asumir la responsabilidad de sus propios fracasos”, citó la publicación.

Añadió que estos actos son distracciones de los casos de corrupción, la mala gobernanza y las prácticas de nepotismo habituales en la conducción del país.

Valoró que la reconciliación nacional no se logrará mediante acuerdos como los firmados en Washington con Ruanda y en Doha con los rebeldes de la AFC/M23, que no tienen una expresión práctica en el terreno.

Tampoco a través de juicios selectivos, apuntó, sino que se requiere un diálogo genuino que reúna a todas las partes interesadas.

La Fiscalía solicitó pena de muerte para el expresidente de RDC, que enfrenta un proceso en ausencia por traición y crímenes de guerra, por la organización de una insurrección y por conspirar contra el país.

La Procuraduría igualmente solicitó al Tribunal Militar la incautación de todos los bienes de Kabila, 20 años de prisión por apología de crímenes de guerra, 15 años de prisión por conspiración y el arresto inmediato del acusado.

En tanto, las partes civiles pidieron más de 21 mil millones de dólares estadounidenses en concepto de daños y perjuicios al Estado congoleño, e insistieron en la reclasificación de los delitos, en particular el de espionaje, pues acusaron a Kabila de ser de nacionalidad ruandesa.

ro/kmg