El comunicado, calificado como enérgico, planteó su atajante desacuerdo con la ley puesta en vigencia hace tres semanas por la presidenta Dina Boluarte, que beneficia a militares, policías y civiles que cometieron o son procesados por crímenes durante el combate a grupos armados (1980-2000).
Señala que la medida “es contraria a la justicia, pues, fomenta la impunidad de los delitos de lesa humanidad, entre ellos, las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales y torturas”.
“Estos delitos, que recibieron sentencia firme de tribunales nacionales, son también reconocidos como tales por convenciones y sistemas internacionales de protección de derechos humanos que el Estado Peruano suscribió en su momento”, añade.
La declaración fue suscrita por el cardenal Castillo, arzobispo de Lima, y por los obispos de las ciudades de Chulucanas, Trujillo, Chosica, Puerto Maldonado, Huancavelica, San Ramón, Puerto Maldonado, Yurimaguas, Jaén y Lima, así como por el de la institución de labor social Cáritas del Perú,
También llama a respetar “los tratados internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados en el ejercicio de su soberanía” y contrarios a medidas de impunidad como la que motiva el rechazo de los obispos que, además, lamentan que pretenda romper esas convenciones y acuerdos con la justicia supranacional.
“La afirmación de que la guerra justifica cualquier muerte, incluso la de inocentes, representa una grave herida en el frágil tejido social de nuestro querido país y debilita todo esfuerzo de unidad entre peruanos/as”, advierte.
Se refiere tácitamente a uno de los argumentos de los autores y potenciales beneficiarios de la amnistía, lo prolongado de investigaciones y juicios a los acusados de crímense de Estado”.
Anota al respecto que “la justicia es para todos, por eso los procesos judiciales que busquen genuinamente la verdad, no pueden tener una duración cruel e irrazonable”.
“Nos preocupa seriamente que, pudiéndose estudiar cada caso, por razones de edad, de aquellos que cometieron delitos, se haya generalizado una amnistía que puede permitir la impunidad de aquellos” que han cometido en el pasado y hasta en el presente violaciones flagrantes de los derechos humanos.
Los obispos firmantes invocan además a los jueces que no apliquen la ley de amnistía priorizando las instancias internacionales asumidas por el Estado y que, por ello, tienen prioridad.
Los dignatarios eclesiásticos advierten que la amnistía tendrá un impacto social negativo, pues aprobarla sin un debate profundo atenta contra los esfuerzos de reconciliación nacional.
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