Según explicó el secretario general de la Conferencia Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), Marcos Andrade, esa organización social está debidamente reconocida por las autoridades.

En ese sentido, dijo, tiene derecho a recibir los fondos que el Estado está obligado a proporcionar para garantizar la capacitación sindical y el desarrollo de la educación social y económica, conforme a lo dispuesto en el artículo 380 del Código de Trabajo y los decretos ejecutivos que lo reglamentan.

Sin embargo, denunció, la titular de Trabajo ha omitido, rehusado o retrasado de manera injustificada la autorización de la distribución de esos recursos necesarios, lo que contraviene las leyes que establecen que esos montos deber ser entregados mensualmente.

Andrade se refirió en particular al cinco por ciento del llamado Seguro Educativo, destinado a la capacitación sindical y la conformación y labor de la Comisión de Educación Sindical, instancia que determina el empleo de esos recursos.

El dirigente sindical rechazó que Muñoz y el actual Gobierno de José Raúl Mulino mantienen una política de discriminación de los sindicatos, dirigida a que los trabajadores no reclamen sus derechos, lo cual es violatorio de la Constitución y las leyes vigentes.

En particular señaló que la ministra Muñoz promueve «sindicatos amarillos» que se pliegan e identifican con la patronal, incluso preparan un Congreso para desconocer a Conusi y al Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, los de mayor representación.

Andrade recordó que este año, la Organización Internacional de Trabajo ( OIT) incluyó a Panamá en un listado de las 24 naciones más violadoras de los derechos laborales y humanos, una condición que podía reiterarse cuando se realice su próxima cumbre en junio de 2026.

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