La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia explicó que estaban analizando la respuesta y que la informarían en la próxima conferencia de prensa, la cual habitualmente tiene lugar lunes y jueves.

La ola de rechazo a la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural creció la víspera, con señalamientos a la normativa del sector empresarial y organizaciones.

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras pidió el veto, en tanto la ley permite trasladar automáticamente recursos no ejecutados de un año a otro, lo cual viola el principio de anualidad del presupuesto.

De entrar en vigencia, abriría la puerta a una bolsa paralela de fondos públicos sin el control político que garantiza la Constitución, añadió.

La Cámara de Comercio expuso que el decreto contraviene ciertos principios del presupuesto y permitiría el manejo de fondos públicos paralelos debilitando la transparencia y el manejo responsables de los recursos del Estado.

El Consejo Nacional Empresarial advirtió que, al aprobarse sin debate técnico y parlamentario y sin controles suficientes, esta ley podría facilitar la reactivación de redes corruptas en contratación y ejecución de obras.

Antes, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) recomendó al mandatario, Bernardo Arévalo, vetar el Decreto 7-2025 por debilitar los controles sobre el gasto ejecutado por los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes).

Además, instó al Ejecutivo y al Legislativo a iniciar un proceso abierto e inclusivo de consulta y discusión con cada entidad involucrada, acerca de las mejores soluciones para lograr que esas entidades agilicen la ejecución de sus presupuestos.

Así, precisó el Icefi, contarán con la debida transparencia y con los controles adecuados para garantizar la calidad de las obras.

El Congreso de Guatemala, en su sesión plenaria pasada, logró avanzar en algunas iniciativas y aprobar esta ley y diputados a favor de la iniciativa (105 de 160) dijeron que buscan asegurar que los Codedes puedan continuar utilizando los recursos no ejecutados durante el ejercicio fiscal 2024 y se utilicen posteriormente.

Analistas consideraron que el Gobierno tiene una herramienta para dar respuesta urgente a proyectos locales; sin embargo, esta le podría generar un fuerte desgaste institucional y reputacional.

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