Según datos emitidos por el Servicio Penitenciario, más de la mitad están encerrados al margen del proceso legal: tres mil 577 están bajo la polémica normativa conocida como detención administrativa y dos mil 662 fueron clasificados como “combatientes ilegales”, señaló el grupo israelí.
La organización no gubernamental acusó a las autoridades de ese país de impedir las visitas a los presos por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja y de sus familiares.
El acceso de los abogados también está limitado, señaló HaMoked, que denunció “las condicione inhumanas, los abusos y la tortura” que se cometen en las instalaciones penitenciarias.
La Oficina de Información para Prisioneros alertó el pasado mes que la cifra de detenidos es la más alta desde la Segunda Intifada, como se le conoce al levantamiento nacional ocurrido de 2000 a 2005.
No obstante, aclaró que ese número no incluye a los ciudadanos capturados en la Franja de Gaza, territorio bajo fuego israelí desde octubre de 2023.
Durante los últimos meses, organizaciones no gubernamentales, autoridades palestinas e instituciones internacionales alertaron sistemáticamente sobre el aumento de la represión en esos centros.
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