Molina fue beneficiado por una decisión asumida en una audiencia virtual que se extendió por tres horas y pronto abandonará el penal orureño de San Pedro, donde cumplía condena, confirmó su abogado, Juan Carlos Parisaca.
Molina fue condenado en 2023 en Cochabamba a ocho años de prisión por los delitos de organización criminal, privación de libertad, instigación pública a delinquir, fabricación ilícita, lesiones, tenencia de armas, deterioro de bienes del Estado y por impedir el ejercicio de funciones.
Todos esos cargos guardan relación con su participación en las revueltas que desembocaron en noviembre de 2019 en el derrocamiento del expresidente Evo Morales.
En Sucre, también fue procesado por daños a la fachada de la Fiscalía General del Estado, edificio catalogado como Patrimonio Nacional.
Durante 2019, esta tropa de choque respaldó con protestas y acciones violentas la matriz propagandística de un supuesto fraude a favor del Movimiento al Socialismo, nunca demostrado, y, posteriormente, al gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020) impuesto tras la renuncia de Morales.
Fueron los motociclistas de la RJC quienes atropellaron y humillaron a cientos de mujeres indígenas que participaban en una marcha hacia Cochabamba con la exigencia de respeto a la democracia en vísperas del golpe de Estado de 2019.
También sus efectivos secuestraron el 6 de noviembre de 2019 a la entonces alcaldesa de Vinto Patricia Arce, le cortaron el cabello y luego la condujeron descalza y a empujones por las calles, mientras la insultaban y vertían sobre ella pintura roja, actos filmados y colocados en Internet.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su informe sobre la investigación de la violencia y las masacres de 2019 en Bolivia, calificó como paramilitares a la RJC y a la Unión Juvenil Cruceñista, brazo operativo del Comité pro Santa Cruz.
Los pelotones de la RJC recorrían la ciudad de Cochabamba en motocicletas y agredían a todas las personas que identificaban como afines al Movimiento al Socialismo o simplemente por vestir con ropa autóctona, especialmente a las mujeres con pollera (falda típica indígena).
Tras una indicación emitida la semana pasada por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo, autoridades judiciales dictaminaron en la última semana veredictos favorables a implicados en el golpe de Estado de 2019 como la exgobernante de facto Jeanine Áñez, así como los excívicos Luis Fernando Camacho y Marco Pumari.
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