El pronunciamiento se da luego de que se revelara que al menos 14 instituciones financiaban seguros colectivos de vida y salud para sus empleados.

La advertencia del organismo subraya la necesidad de que este tipo de gastos cuente con respaldo legal, en un contexto en el que la transparencia y el correcto manejo de los recursos estatales se mantienen bajo escrutinio público.

Citada por el diario La Prensa, Villalaz emitió su criterio luego de una consulta realizada por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) sobre la posibilidad de otorgar una póliza colectiva de vida a los miembros de su junta directiva.

Sobre la solicitud señaló que los servidores públicos solo pueden realizar acciones que la ley les permite expresamente, evitando cualquier arbitrariedad o abuso de poder.

Esto incluye la existencia de una partida presupuestaria específica y la autorización formal de la entidad correspondiente, condiciones que no aplican a los miembros de la junta que no son servidores públicos.

A raíz de esto, la Procuraduría de la Administración concluyó que la ATTT no tiene facultad legal para otorgar pólizas de vida colectivas a los miembros de su junta directiva que no están enmarcados en la definición de servidor público.

Además, la funcionaria reforzó la importancia del principio de legalidad en la gestión pública y recordó que cualquier beneficio otorgado por una entidad estatal, incluidos los seguros privados, debe tener respaldo normativo y presupuestario.

El rotativo reveló recientemente que, al menos en siete de las 14 entidades, el Estado destina más de 168,9 millones de dólares a este tipo de seguros.

Para el diputado Ernesto Cedeño, es injusto que solo una parte de los servidores públicos cuente con este beneficio financiado por el Estado, mientras que la mayoría de los funcionarios deben costear de su propio bolsillo cualquier póliza de salud privada.

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