Según el comunicado de esa entidad, esta obligación es “un deber legal y un compromiso ético con el país”.

La medida exige a las Direcciones de Auditoría Interna de cada institución que verifiquen con rigor los informes que deben ser presentados mensualmente durante los primeros quince días del mes siguiente.

Para Flores, cada dólar que se recauda y administra en nombre del Estado debe estar sustentado y fiscalizado”.

La directiva afecta a una amplia gama de funcionarios y entidades, incluyendo al presidente de la Asamblea Nacional (parlamento), ministros de Estado, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, rectores de universidades y directores de empresas públicas.

Esa responsabilidad recae especialmente en los agentes de manejo, aquellos que administran, custodian o autorizan el uso de los fondos y bienes públicos.

Con esta disposición, la Contraloría busca eliminar cualquier margen para la mala administración o el uso indebido de los recursos del Estado.

La rendición de cuentas, según el mensaje, no es un simple trámite, sino una obligación fundamental para garantizar que los ciudadanos puedan confiar en sus instituciones y en la gestión responsable del dinero público.

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