“No es posible interpretar la norma en cuestión a costa de los derechos a la verdad, dignidad, justicia, tutela jurisdiccional efectiva y reparación civil de las víctimas y sus familiares”, argumentó el magistrado Leodan Cristóbal en su dictamen.

Aseveró que la amnistía, aprobada por el Parlamento de mayoría derechista, limita las competencias constitucionales del Ministerio Público y del Poder Judicial, así como los derechos de las víctimas, algo inconstitucional, por lo cual es inaplicable.

Atendió así la exhortación de la justicia supranacional a los jueces peruanos para que ejerzan el control difuso, es decir que acaten la legalidad y no concedan amnistías.

La Carta Magna establece que los tratados internacionales, firmados por el Estado peruano, que prohíben amnistiar crímenes de Estado, son de cumplimiento obligatorio, lo que rechazan el Congreso y el Gobierno.

Asimismo, el cese de los juicios contra los exmilitares Jaime Pando, Alan Olivari, Mario Cruz, José Pérez Quispe, Felipe Montañez, Beltrán Tapia, Federico Cahuascanco y Alberto Aspiz, acusados de al menos 15 asesinatos cometidos en abril de 1990.

A estos sujetos se les imputa los delitos de homicidio, abuso de autoridad, tortura y violación sexual, cometidos durante el llamado conflicto interno (1980-2000).

La defensa de las familias de las víctimas y el fiscal saludaron la decisión de Cristóbal y los abogados de los exmilitares anunciaron que apelarán contra la decisión del juez de que sigan los procesos en su contra.

Fernando Rospigliosi, uno de los congresistas de derecha extrema promotor de la amnistía, calificó como prevaricadores y politizados a los magistrados que, como Cristóbal, se niegan a amnistiar a acusados y condenados por violaciones de derechos humanos.

Los llamó además defensores de delincuentes y terroristas y se pronunció por “una limpieza” del sistema de justicia.

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